La idea es preservarle los derechos a las personas que han invertido sus ahorros en la adquisición de una vivienda y que por la usura, la avaricia de algunas constructoras no han podido acceder al inmueble por el cual han pagado, dijo / Todo lo relativo a desarrollos habitacionales es manejado por la Comisión Nacional contra la Estafa
El gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano de atender a las familias que han sido víctimas de estafas inmobiliarias por parte de constructoras privadas.
"La idea es preservarle los derechos a las personas que han invertido sus ahorros en la adquisición de una vivienda y que por la usura, la avaricia y las malas prácticas de algunas constructoras e inmobiliarias no han podido acceder al inmueble por el cual han pagado", refirió.
Las declaraciones fueron ofrecidas a propósito de las múltiples denuncias que han sido recibidas en la sala situacional contra la usura y la estafa inmobiliaria, dirigida por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
El mandatario explicó que el proceso de evaluación y revisión de estos casos es un trabajo que se está haciendo en coordinación con el Gobierno Nacional, por lo tanto aclaró que ningún órgano de carácter privado podrá participar en la inspección de los desarrollos habitacionales ni elaborar listados de afectados.
"Es totalmente falso que alguna cámara de la construcción o gremio esté autorizado en este proceso, porque esta tarea está siendo desarrollada por la administración central, a través del Indepabis, el gobierno estadal, la sala situacional y los propios afectados", apuntó.
Isea reiteró que todo lo relativo a desarrollos habitacionales es manejado por la Comisión Nacional contra la Estafa y la Usura Inmobiliaria, la cual fue replicada en el estado Aragua con la creación de la sala situacional para canalizar las denuncias y procedimientos.
El gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano de atender a las familias que han sido víctimas de estafas inmobiliarias por parte de constructoras privadas.
"La idea es preservarle los derechos a las personas que han invertido sus ahorros en la adquisición de una vivienda y que por la usura, la avaricia y las malas prácticas de algunas constructoras e inmobiliarias no han podido acceder al inmueble por el cual han pagado", refirió.
Las declaraciones fueron ofrecidas a propósito de las múltiples denuncias que han sido recibidas en la sala situacional contra la usura y la estafa inmobiliaria, dirigida por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
El mandatario explicó que el proceso de evaluación y revisión de estos casos es un trabajo que se está haciendo en coordinación con el Gobierno Nacional, por lo tanto aclaró que ningún órgano de carácter privado podrá participar en la inspección de los desarrollos habitacionales ni elaborar listados de afectados.
"Es totalmente falso que alguna cámara de la construcción o gremio esté autorizado en este proceso, porque esta tarea está siendo desarrollada por la administración central, a través del Indepabis, el gobierno estadal, la sala situacional y los propios afectados", apuntó.
Isea reiteró que todo lo relativo a desarrollos habitacionales es manejado por la Comisión Nacional contra la Estafa y la Usura Inmobiliaria, la cual fue replicada en el estado Aragua con la creación de la sala situacional para canalizar las denuncias y procedimientos.
(cortesia VTV)
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