Las constructoras que han sido intervenidas por el Estado venezolano subestimaron el poder de movilización de todos los venezolanos afectados por las estafas de estas empresas, así como el alcance de las leyes venezolanas que defienden los intereses del pueblo por encima del interés individual y empresarial.Así lo dejó saber un grupo de hombres y mujeres a quienes diversas constructoras privadas mantuvieron en espera indefinida por viviendas que adquirieron hace más de cuatro años, en el intento de cobrarles intereses ilegales bajo la figura del Índice de Precios al Consumidor u otra medida similar.
Elizabeth Ascanio, del urbanismo San José del Ávila, en Caracas, expresó que la constructora menospreció a cada uno de los propietarios, los subestimó y pensó que éstos no serían capaces de establecer contactos entre sí, ni mucho menos de unirse para reclamar y exigir respeto a sus derechos como ciudadanos.
“La constructora nos daba mil excusas para no entregarnos los apartamentos, desde falta de materiales, altos costos de construcción, hasta falta de divisas. Todo para cobrarnos más IPC. Hasta que nos cansamos y acá estamos, trabajando con el apoyo del Estado”, aseveró.
Añadió que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios ha hecho la entrega de la llave y del respectivo documento de propiedad de cada apartamento a su dueño legal y original con sólo exigirle que presente la documentación que lo acredita como tal, sin ninguna discriminación política.
Igualmente, Carmen Camacho, del urbanismo Terrazas de La Tahona, en Baruta, estado Miranda, reiteró que la inmobiliaria les vendió la propiedad bajo la figura de una Asociación Civil, a fin de tratar de cubrirse las espaldas y alegar que si los denunciaban, los compradores se estarían denunciando a sí mismos.
“De 321 millones que fue el costo inicial de mi apartamento, ahora la obra tiene un valor, según ellos, de más de 800 millones de bolívares. Y aún cuando la mayoría de los dueños hemos pagado el total de las 44 cuotas, igual nos exigían pagar ese incremento extraordinario”, denunció.
No obstante, resaltó que la unión de cientos de familias de todo el país permitió que el Gobierno tomara las medidas que derivaron en la entrega de los apartamentos.
Por su parte, Fernando Cassiani, de la urbanización El Encantado, en Caracas, indicó que desde siempre se negaron a pagar el IPC -se lo querían cobrar bajo la figura de un justiprecio- porque conocían sobre su ilegalidad.
“Si nos dejamos estafar terminaríamos pagando casi un 50% adicional al valor original del inmueble. Incluso la inmobiliaria intentó manipular y chantajear a algunos propietarios, ofreciéndoles cosas o servicios para que no procedieran con medidas judiciales, pero nos hemos mantenido firmes”, detalló.
En ese sentido, reiteraron la confianza en la medida implementada por el Gobierno nacional, y agregaron que sienten que finalmente se está haciendo justicia.
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