Para el 20 de abril fue fijada la audiencia preliminar para el alcalde de Maracaibo, est
ado Zulia, Manuel Rosales, decidió el Tribunal 10 de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Reina Morandi. En esta audiencia se decidirá si Rosales seguirá el juicio, libre o privado de libertad. La fiscal 11 con competencia nacional, Katiuska Plaza, introdujo en los tribunales de Maracaibo el escrito acusatorio contra el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, por el delito de enriquecimiento ilícito, a la par que se solicitó dictar una medida privativa de libertad. La presentación del acto conclusivo, que consta de 26 piezas, refiere el delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 46 en sus numerales I y II. La imputación contra Rosales, efectuada el pasado 11 de diciembre de 2008 parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución, entre 2002 y 2004, a su declaración jurada de patrimonio. Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del estado Zulia registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor. Rosales, quien actualmente es alcalde de Maracaibo, adquirió tras la imputación los derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), sobre el conocimiento de las actas que conformaron la investigación, así como la posible solicitud de diligencias y actuaciones que considerara pertinente realizar. En diciembre pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para Rosales por irregularidades en la contratación de una operadora de la Lotería del Zulia. Esta sanción política obedeció al conjunto de denuncias presentadas ante el Parlamento por los legisladores nacionales y estatales. En dicho informe se constató el tráfico de influencia y concierto con intermediarios. Entre otras denuncias que se presentaron contra Rosales el año pasado se menciona que cedió una concesión de más de 300 vehículos en condición de donaciones. Sin embargo, estos automóviles fueron utilizados para actividades privadas. Uno de los vehículos fue entregado al actual director de la policía estatal, comisario Jesús Cubillán. El diputado por el bloque zuliano Mario Isea precisó en su oportunidad que Rosales constituyó empresas en Miami, Estados Unidos, cuyos activos superan los 11 millones de dólares. El pasado 29 de diciembre, Isea introdujo una nueva denuncia contra Rosales, esta vez en el Ministerio Público, por su supuesta vinculación con sobornos de la empresa Siemens para realizar obras en el Metro de Maracaibo, en la época en que era alcalde de Maracaibo.
ado Zulia, Manuel Rosales, decidió el Tribunal 10 de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Reina Morandi. En esta audiencia se decidirá si Rosales seguirá el juicio, libre o privado de libertad. La fiscal 11 con competencia nacional, Katiuska Plaza, introdujo en los tribunales de Maracaibo el escrito acusatorio contra el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, por el delito de enriquecimiento ilícito, a la par que se solicitó dictar una medida privativa de libertad. La presentación del acto conclusivo, que consta de 26 piezas, refiere el delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 46 en sus numerales I y II. La imputación contra Rosales, efectuada el pasado 11 de diciembre de 2008 parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución, entre 2002 y 2004, a su declaración jurada de patrimonio. Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del estado Zulia registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor. Rosales, quien actualmente es alcalde de Maracaibo, adquirió tras la imputación los derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), sobre el conocimiento de las actas que conformaron la investigación, así como la posible solicitud de diligencias y actuaciones que considerara pertinente realizar. En diciembre pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para Rosales por irregularidades en la contratación de una operadora de la Lotería del Zulia. Esta sanción política obedeció al conjunto de denuncias presentadas ante el Parlamento por los legisladores nacionales y estatales. En dicho informe se constató el tráfico de influencia y concierto con intermediarios. Entre otras denuncias que se presentaron contra Rosales el año pasado se menciona que cedió una concesión de más de 300 vehículos en condición de donaciones. Sin embargo, estos automóviles fueron utilizados para actividades privadas. Uno de los vehículos fue entregado al actual director de la policía estatal, comisario Jesús Cubillán. El diputado por el bloque zuliano Mario Isea precisó en su oportunidad que Rosales constituyó empresas en Miami, Estados Unidos, cuyos activos superan los 11 millones de dólares. El pasado 29 de diciembre, Isea introdujo una nueva denuncia contra Rosales, esta vez en el Ministerio Público, por su supuesta vinculación con sobornos de la empresa Siemens para realizar obras en el Metro de Maracaibo, en la época en que era alcalde de Maracaibo. 
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